“El Caso Springer” y el uso de datos abiertos en Colombia.

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Dedicado a todos los que manejamos datos de forma honesta en Colombia.

En los últimos días, en este país de los escándalos semanales, ha sonado uno que ha puesto en entre dicho al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y a personas que han gozado de buena reputación, no solo en los medios de comunicación, sino también en la academia, como la señora Natalia Springer.

El tema se centra en un contrato, hecho de manera directa, a favor de su sociedad Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, para: “el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales / internacionales cometidos en el marco del conflicto”, por un costo de 895 millones de pesos. Contrato que ha generado toda serie de críticas que van desde la índole personal –que acá no tomaremos en cuenta, por recalcar que se trata de temas de su órbita individual-, como sobre el cuestionamiento por parte de quienes fueron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y que conocieron el estudio, hasta por parte de un importante sector de la academia.

En su defensa, tanto Springer como Montealegre, han dicho que este estudio es de relevancia plena en el marco de las negociaciones de paz que se están viviendo en este momento en el país; aparte, se argumenta que ellos son los únicos, al menos que ellos tengan conocimiento, que hacen este tipo de estudios, lo cual justificaría la contratación directa, sin necesidad de un proceso de licitación.

En GDOSB, nos llama la atención, en tanto este tema de datos nos toca directamente, que al parecer no hay coordinación entre las entidades estatales, o que tal vez, a la Fiscalía no le ha llegado el memorando, de que el gobierno actual ha elaborado toda una plataforma en aras de que “cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones…” puedan usar los datos abiertos y así “crear servicios derivados de los mismos”, tal como lo dice la Ley 1712 de 2014 en su artículo 6. Esto, también confrontado con documentos como el famoso “Manual GEL” significa que es un interés primordial del Estado que los ciudadanos participen de manera activa en la construcción del Estado, a través del manejo de datos.

Así, si por ejemplo hay unos datos abiertos referentes al secuestro como delito común o delito internacional, que necesitan ser interpretados, bajo unos requisitos exigentes, en pos de entender más el conflicto en aras del posconflicto, lo mejor que puede hacer cualquier entidad, digamos la Fiscalía General de la Nación, es abrir una licitación pública, explicando lo que se busca con el contrato, el perfil de quienes deben licitar, el monto por el cual se va a contratar y todo lo que exige la Ley 80 de 1993 (Estatuto de la Contratación Estatal) y las demás normas concordantes, modificatorias, del tema. Si el tema, por alguna de las razones expuestas en la Ley 1150 de 2007, que regula la contratación directa, ameritaba usar esta figura, en aras de la transparencia se debió motivar por qué se optó entonces por realizar el contrato con esta empresa y no con otra, y no solo por el control interno y de auditoría sino también para evitar suspicacias y dejar en claro que no se trataba de actos de corrupción.

Duele saber que el Estado borra con el codo lo que hace con la mano, este hecho, independientemente de los intereses políticos que existen, solo demuestra que las verdaderas oportunidades son para personas con buenas conexiones; lo que sorprende es que se usen los datos abiertos a favor de esta práctica que es, precisamente, una de las prácticas que trata de abolir el manejo de datos del siglo XXI.